MANIFIESTO DE SANTIAGO

Reunidos en Santiago de Chile, los días 8 y 9 de noviembre de 2007, en
el marco de la Cumbre por la amistad e integración de los pueblos
iberoamericanos, los representantes de organizaciones sociales,
políticas y culturales, de pueblos originarios, entidades académicas,
artísticas y ciudadanos en general, hemos debatido, en un marco de
pluralismo y respeto, las contradictorias realidades de nuestra región y
concordado acciones que permitan avanzar hacia la democratización,
unidad, soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos y naciones.

EL NUEVO PROTAGONISMO SOCIAL

Constatamos, esperanzados, el resurgimiento de un extendido protagonismo
de los movimientos sociales, y fuerzas políticas progresistas cuyas
luchas articuladas, cada vez más amplias y persistentes, han influido
decisivamente en la elección –en diversos países– de gobernantes afines
y sensibles al gran ideario de emancipación, unidad e integración
latinoamericana, impulsando procesos de cambio en la región, que
valoramos como un avance de gran proyección histórica.

Ya podemos hablar de futuro y diseñar estrategias basadas en la
solidaridad y la cooperación de nuestros pueblos, porque tenemos
presente y evocamos, hoy, a líderes y movimientos que ayer derrocharon
heroísmo y tenacidad inconmensurables. Lo decimos desde Chile, donde la
codicia entró con la espada y la cruz para aplastar, después de 300
años, la resistencia ejemplar del pueblo mapuche; a 100 años de la
masacre de trabajadores chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos y
españoles en la Escuela Santa María de Iquique. En este país, donde las
empresas transnacionales activaron la maquinaria militar y financiera
del imperio para derrocar al Presidente Constitucional Salvador Allende
e impedir su proyecto de transformaciones sociales y de unidad
latinoamericana; donde las bayonetas sirvieron a la plutocracia y al
capital extranjero para entronizar un modelo neoliberal que se traduce
en la extrema concentración de la riqueza, la exclusión social y
política de las grandes mayorías, donde los poderes fácticos y el gran
capital han pasado a controlar la política, los medios de comunicación y
la institucionalidad.

La nueva realidad política del continente y sus promisorias perspectivas
reconoce una multiplicidad de vertientes sociales, culturales e
ideológicas que adoptan originales métodos y estructuras, diversos
lenguajes, formas de lucha y propuestas programáticas. En esa
diversidad, antitesis del dogmatismo, sectarismo y hegemonismo, radica
su fuerza y su legitimidad histórica.

A partir de las demandas por la protección del eco sistema, la defensa
de la tierra, los territorios y los derechos de los pueblos originarios,
el rechazo a la expoliación y enajenación de nuestros recursos
naturales, las reivindicaciones de los trabajadores, el rechazo a la
expropiación de los ahorros previsionales, la denuncia de las bases
militares estadounidenses en sectores estratégicos del continente, la
defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del rol del Estado
en los emprendimientos productivos y para garantizar el derecho
ciudadano a la Salud, Educación y Vivienda, Trabajo y Previsión, contra
la discriminación de la mujer y los adultos mayores, por los derechos de
la juventud y otros sectores avasallados por las políticas neoliberales,
los movimientos sociales avanzan hacia propuestas políticas unitarias
ante los grandes problemas nacionales y contribuyen a levantar una nueva
alternativa que permita a Latinoamérica y el Caribe intervenir con
fuerza propia en los candentes problemas que afronta la humanidad.

Por lo mismo es que rechazamos aquellas prácticas que buscan atomizar a
las organizaciones sociales subordinándolas como insumo de políticas
estatales funcionales que apuntan a perpetuar el modelo económico e
institucional.

Los movimientos sociales ya no se conforman con cambios cosméticos sino
plantean un rechazo total al actual modelo de dominación económica,
política y cultural que implica la comercialización de todos los
ámbitos de la vida pública y personal y el ánimo de lucro como supremo
valor de una sociedad que percibe a cada individuo como rival del otro.
Lo anterior, en consonancia con la crítica que hacen los pueblos, a
nivel mundial, a la globalización depredadora y a la guerra como
solución a los problemas de la humanidad.

Por su parte, las fuerzas políticas que buscan alternativas al sistema
imperante, tienen el desafío de encontrar nuevas formas de interlocución
y complementación con las luchas sociales, en el entendido que ambas
esferas se retroalimentan y se necesitan.

UNA INTEGRACIÓN DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS

Entendemos la integración regional como un proceso de enriquecimiento
mutuo, de potenciamiento de nuestras fortalezas, de nuestra capacidad de
intercomunicación con el mundo, partiendo del reconocimiento del ser
humano a cuyo bienestar y felicidad deben subordinarse todas las
políticas públicas.

En la forja del futuro de América Latina y el Caribe, podemos construir
ciudadanía con lo mejor de cada pueblo y cultura que la compone. Su
integración debe darse desde la misma base social, partiendo de las
siguientes premisas esenciales:

• La recuperación de los recursos naturales, mineros, hídricos,
pesqueros, forestales y energéticos; la reforma agraria y la soberanía
alimentaria como procesos que salvaguarden la participación y los
intereses de los pueblos y naciones.

• La integración energética en armonía con el medio ambiente.

• Los acuerdos de integración económica deben poner el acento en las
múltiples formas de economía solidaria, protegiendo el rol de la micro,
pequeña y mediana empresa.

• Este proceso admite múltiples modalidades institucionales en el ámbito
sectorial y territorial, con diversos grados según la realidad de cada
región. En tal sentido, apoyamos el surgimiento de instrumentos tales
como el ALBA, Banco del Sur y otros, que son expresión de la voluntad
integradora de nuestros pueblos.

• La lucha democrática debe fortalecer los procesos constituyentes y la
creación de una nueva institucionalidad que considere el rol protagónico
del movimiento sindical, de los trabajadores de la ciudad y del campo,
de los pueblos indígenas originarios y del conjunto de las fuerzas
sociales. En ese contexto, saludamos la aprobación, por parte de las
Naciones Unidas, de la Declaración Internacional sobre los derechos de
los pueblos indígenas.

• El desmantelamiento de los mecanismos de opresión que conjugan edad,
clase, sexo, género y etnia

• La activa solidaridad con los pueblos y gobiernos que construyen
caminos alternativos al capitalismo neoliberal. En este sentido,
denunciamos al gobierno de Estados Unidos por su constante satanización
y criminalización de las luchas sociales y sus actividades de agresión y
hostigamiento a los gobiernos que adoptan el rumbo de la emancipación
popular.

• El respeto y reconocimiento a las culturas y autonomías de las
comunidades originarias.

• La resolución de los conflictos históricos entre las naciones, la
reducción de los presupuestos bélicos, el desarme proporcional y
progresivo en todos los países de la región para reorientar estos
recursos a las necesidades de salud y educación.

• El libre tránsito de las personas y sus derechos migratorios.
Nuestros pueblos están en capacidad de unirse a pesar de la diversidad
geográfica, étnica, cultural y política, para imaginar y construir otras
soluciones para este único mundo. Sabemos que esta lucha se enfrenta a
enemigos carentes de escrúpulos, cuya voracidad y hegemonismo han
significado enormes tragedias para nuestros pueblos. Aún así, tenemos fe
en la justicia de nuestros postulados y nos hacemos cargo de las
grandes epopeyas que a lo largo de cinco siglos nos han permitido
avanzar hacia la condición de pueblos dignos, sujetos de nuestra propia
historia.