jueves, 28 de junio de 2007

Declaración de Asunción

Cumbre de los Pueblos del Sur "Construyendo Soberanía"
28 y 29 de Junio de 2007, Paraguay


DECLARACION DE ASUNCION

Las mujeres y hombres que nos hemos reunidos los días 28 y 29 de junio de 2007, en Asunción, Paraguay en la Cumbre de los Pueblos del Sur con el lema “Construyendo Soberanía”, desde la alianza de nuestras organizaciones y movimientos sociales, hacemos pública la siguiente declaración:

Reconociendo los cambios políticos que se han experimentado en la región, la Cumbre de los Pueblos del Sur condena la persistencia del modelo productivo que las políticas neoliberales han venido implementando en la región, con la graves consecuencias para nuestros pueblos, porque ha atacado la base misma de su soberanía, a través de la explotación humana y la apropiación y mercantilización de la naturaleza, los territorios y la vida misma.

Pese a su gran potencial, hasta ahora el MERCOSUR no ha respondido a las expectativas de cambios y avances substanciales en las condiciones de vida y trabajo de nuestros pueblos. Por el contrario, el modelo de desarrollo que ha impulsado, sigue agravando la degradación ambiental y profundizando la exclusión social al interior de los países y las desigualdades entre los mismos.

En el marco del modelo agroexportador, la expansión de los monocultivos esta provocando la destrucción masiva de la naturaleza. El auge de los agrocombustibles que ahora se fomenta, profundizará las consecuencias devastadoras que ya se vienen sufriendo con la exportación de materias primas destinadas a abastecer el consumo de los países industrializados.

En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas agrarias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos campesinos e indígenas.

El modelo de desarrollo promovido en nuestro continente y su financiamiento han contribuido enormemente a la expansión de la pobreza, y a la acumulación de la ilegitima deuda de nuestros países. Esto ha resultado en megaobras de infraestructura, cuya ejecución responde a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de sus socios nacionales y locales.

Actualmente, este modelo esta promoviendo la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) un conjunto gigantesco de megaproyectos orientados a facilitar la exportación de materias primas y recursos naturales de la región. Esta iniciativa va de contramano a las propuestas basadas en los intereses y las prioridades de las poblaciones, que incluyen verdaderos procesos de integración continental basados en la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía local, la democracia, la justicia social, idoneidad ecológica y ambiental y la paz.

El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá, así como la necesidad de una auditoria de la ilegítima deuda paraguaya, producto de los injustos términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y Argentina.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha profundizado la pérdida de los derechos de trabajadores y trabajadoras. El desempleo, las migraciones, la precarización de las relaciones de trabajo, la violación de derechos laborales, las discriminaciones basadas en el género y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres son algunas de las evidencias de que el actual modelo de desarrollo no responde a las demandas sociales de nuestros pueblos.

Los procesos de integración deben asegurar la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, la recuperación y ampliación de los derechos laborales al mismo tiempo que garantizar el derecho de las personas a no migrar como también todos los derechos de los y las migrantes.

Por otro lado, nos oponemos al avance de la militarización en la región, que es impulsada principalmente por medio de la pretensión de instalación de bases, la realización de ejercicios militares, así como la firma de convenios que garantizan inmunidad al ejército estadounidense. Nos alarma también la utilización de fuerzas militares y la aparición de fuerzas paramilitares en el control de áreas urbanas y rurales bajo el pretexto de la seguridad publica.

Alertamos sobre la elaboración de leyes denominadas “antiterroristas” que van en el sentido de criminalizar la lucha social, los movimientos sociales y a sus líderes. Denunciamos y rechazamos estas iniciativas por ser nuevas formas de ejercicio del terrorismo de Estado ante su incapacidad de dar respuesta a los graves problemas sociales.

En este sentido, la Cumbre de los Pueblos del Sur exige la urgente libertad de los 6 ciudadanos paraguayos presos en Argentina, por tratarse de una persecución política y una violación de los derechos humanos fundamentales, solicitando el respeto a los acuerdos referentes al asilo político. Al mismo tiempo, reafirmamos la necesidad de la inmediata retirada de la Misión Militar de NN.UU. en Haití (MINUSTAH).

La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las diferencias entre los mismos como una expresión de la diversidad cultural, a la vez que un desafío para que a través de la complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede agotarse en medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.

Los Fondos estructurales - FOCEN - deben servir para combatir las desigualdades sociales y las asimetrías entre los países, facilitando la transparencia y el control social en su formulación y ejecución.

El modelo productivo impulsado por las empresas trasnacionales para la región ha provocado el empobrecimiento y el aumento de las desigualdades, profundizo la exclusión social, que después se pretende solucionar con políticas compensatorias para los excluidos. Exigimos políticas públicas universales que respondan efectivamente a las necesidades de hombres y mujeres de acceso a la educación, a la salud, a servicios públicos esenciales, y al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.

Alertamos acerca del descrédito creciente hacia la clase política, debido a su manifiesta incapacidad para dar respuesta a los graves y urgentes problemas de nuestras sociedades, y a las diversas formas de corrupción e ineficiencia en la gestión publica, lo que conduce a desprestigiar las mismas instituciones democráticas. Frente a esto exhortamos a los gobernantes a fortalecer los espacios de dialogo e interacción entre pueblos y gobiernos, estimulando los mecanismos de democracia participativa y control social.

La superación de las formas de autoritarismo vividos en la región y la construcción de verdaderas democracias requiere la inclusión de la diversidad de los sujetos sociales, de las identidades y los cuerpos, y de la diversidad cultural basada en el reconocimiento de los territorios de los pueblos y naciones indígenas, que inclusive muchas veces sobrepasan las fronteras de los Estados nacionales.

Rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en el género, las razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la ciudadanía.

Las organizaciones y movimientos sociales de América del Sur reunidos en Asunción ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando la integración de los pueblos y en este sentido apoyamos la plena inclusión de Bolivia, Venezuela y Ecuador al MERCOSUR.

Asimismo, creemos y apoyamos fuertemente la creación de una herramienta financiera que impulse iniciativas de desarrollo endógeno y sustentable de las comunidades y pueblos. La creación del Banco de los Pueblos del Sur puede representar un enorme paso y oportunidad para AMÉRICA Latina y el Caribe.

¡Por una verdadera integración que nos permita construir la soberanía desde y para los pueblos del Sur!

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